Fundación Bogotá Mía

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viernes, 17 de abril de 2020

Violencia Interpersonal


“la rutinización de la violencia y del asesinato durante las guerras conduce a un estado en el que la gente deja de responder a los horrores de la guerra”
(Bauman & Donskis, 2015, pág. 54)

Contrario a lo que ocurre en la mayoría de las categorías de violencia, donde son las mujeres las más victimizadas por la violencia sexual, de pareja, e intrafamiliar, al igual que en la desaparición forzada entre los niños, niñas y adolescentes, donde la mayoría de las víctimas son personas de sexo femenino, son “los hombres las principales víctimas de homicidios (91,2% de todos los casos) y violencia interpersonal (65,5%) (ICMLCF 2017, 2017, pág. 9)
Para que podamos dimensionar el impacto de este tipo de violencia a continuación, se presentan algunas cifras con observaciones sobre los casos reportados para los años 2015 – 2016, en materia de violencia interpersonal, la cual es definida “como todo daño a la salud causado de manera intencional por un tercero, sin vínculos afectivos o familiares con la víctima y que no ocasiona la muerte de ésta (ICMLCF, 2016, pág. 135), por lo que en esta categoría no se recoge información sobre los casos en los cuales existe una relación de familiaridad entre las víctimas y los victimarios. Es importante tener en cuenta esta categoría, entre otras cosas, porque estos casos se pueden presentar en los ciclos de violencia previos a casos con consecuencias fatales. 
Con 63.042 casos para el año 2015, en la mayoría de los casos de violencia interpersonal el presunto agresor es un “conocido”. Llama la atención ver que, para 2015 la categoría de “amigo”, con 6.193 casos supera los 3.589 casos en que el presunto agresor corresponde a la categoría “delincuencia común”, lo que muestra que existe un mayor riesgo de ser afectado por un “amigo” que por un delincuente común (ICMLCF, 2016, pág. 139).

Para el año 2016, se mantiene en el primer lugar de la tabla de violencia interpersonal según presunto agresor la categoría de “conocido”, con 62.922 casos, lo que representa un porcentaje de 56.91% (ICMLCF, 2017, pág. 161), este resultado muestra una reducción en relación con el año 2015, cuando la cifra de 63.042 casos representaba un porcentaje de 57.58%.  La información correspondiente a la violencia interpersonal para el año 2017, muestra el siguiente resultado en relación a los principales presuntos agresores: conocido,  miembros de las fuerzas armadas, de policía, policía judicial y servicios de inteligencia,  agresor desconocido, amigo(a),  delincuencia común (ICMLCF 2017, 2017, pág. 131), así las cosas, se recibe más agresión a nivel de violencia interpersonal de los amigos, que de los delincuentes, eso realmente es preocupante.

Otras cifras que vale la pena tener en cuenta son las siguientes: durante 2017 se presentaron 115.547 casos de violencia interpersonal (ICMLCF 2017, 2017, pág. 52), siendo Bogotá, D.C. (26.504), Antioquia (12.427), Cundinamarca (8.860), Valle del Cauca (8.647) y Santander (6.823), los lugares con mayor número de casos de violencia interpersonal  (ICMLCF 2017, 2017, pág. 125)

La diferencia en la magnitud del impacto de la violencia interpersonal en relación con la violencia sociopolítica para el año 2015 fue bastante considerable, toda vez que la violencia interpersonal representaba un porcentaje de 86.06 hombres – 92.41 mujeres, comparado con un porcentaje de 3.97 hombres – 1.89 mujeres en casos de violencia sociopolítica (ICMLCF, 2016, pág. 140). En términos generales esta diferencia se mantiene, aunque existe una leve reducción para 2016, año en que la violencia interpersonal representaba un porcentaje de 85.26 hombres – 91.48 mujeres, comparado con un porcentaje de 4.48 hombres – 2.22 mujeres en casos de violencia sociopolítica (ICMLCF, 2017, pág. 163), variable que se consolida a partir del analisis de la“circunstancia del hechoy ocupación de la víctima, a las acciones guerrilleras, militares, bandas criminales, enfrentamiento armado y terrorismo. Este tipo de violencia refleja la situación de conflicto que se registra en el país (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2011)

Con relación a la vivienda, a pesar de ser un espacio de carácter privado por excelencia, no necesariamente es el escenario más seguro frente a las dinámicas de violencia interpersonal, toda vez que en el informe correspondiente al año 2015 se afirma que “la violencia interpersonal es un fenómeno que de las calles y vías públicas está migrando a la vivienda, bien sea de la víctima o del victimario, incrementándose de 15,09% en 2014 a 16,63% en 2015 (ICMLCF, 2016, pág. 141)

En cuanto al componente etario, la adultez con 54.733 casos  y la juventud, con 48.755 casos, son los ciclos vitales en los cuales se registran más hechos de violencia interpersonal para el año 2015, superando de lejos los 608 casos reportados en la primera infancia, los 1.357 casos reportados en la infancia, los 16.268 reportados en la adolescencia, y los 5.041 reportados en la vejez (ICMLCF, 2016, pág. 167), esta situación se repite en el año 2016, cuando los rangos de edad en los que se presenta un mayor número de casos de violencia interpersonal son de los 20 a los 34 años (ICMLCF, 2017, pág. 158); por lo cual, respecto a las víctimas de violencia interpersonal, de acuerdo con el informe “ha   sido un comportamiento constante en los últimos años que los jóvenes en el grupo de edad entre los 20 y 24 sean los más afectados (ICMLCF, 2016, pág. 136)

Durante el año 2015 “el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó 126.803 exámenes médico legales por violencia interpersonal (ICMLCF, 2016, pág. 136), cifra en la que se puede presentar un subregistro considerable porque no en todos los casos de violencia interpersonal se acude a la realización de valoraciones medico legales, pero que sin embargo demuestra la gravedad de esta problemática, la cual se hace más preocupante si se tiene en cuenta que en el informe de 2015 se plantea que este tipo de violencia “es concomitante con la realización de actividades de socialización tales como desplazamientos, trabajo, asistir a eventos culturales, etc.” (ICMLCF, 2016, pág. 138), lo que implica que estas manifestaciones de violencia se presentan principalmente en desarrollo de actividades cotidianas en el espacio público.   

La violencia en nuestro país es considerada legítima por parte de los grupos armados tanto legales como ilegales, por la impunidad, por la debilidad estatal para brindar mejores condiciones de seguridad y por algunos patrones socioculturales. Actualmente, algunos de los actores armados más violentos de la historia de nuestro país, como los Cárteles de la Droga, las Autodefensas o Grupos Paramilitares y las FARC-EP han disminuido su actuar delictivo como consecuencia de su desarticulación unos, y otros como resultado de acuerdos de paz, aunque aún existen algunos grupos residuales y disidentes; sin embargo, esto no implica necesariamente el debilitamiento de la legitimación de la violencia en varios sectores de nuestra sociedad. 

Los grupos armados ilegales que aún se encuentran activos en el marco del conflicto armado interno, asumen un discurso dirigido a difundir, enseñar y mantener ciertas creencias, con el propósito de fortalecer la permanencia de los miembros al grupo, definir la identidad y la posición del grupo en la sociedad, así como fomentar la incorporación de nuevos integrantes (Barreto, Borja, Serrano, & López-López, 2009, pág. 739). A pesar de los avances logrados con el Acuerdo de Paz, este tipo de legitimación se mantiene en el contexto colombiano, en el que el ejercicio de la autoridad para garantizar adecuadas condiciones de bienestar, seguridad y justicia a nivel territorial es débil, lo cual le abre la puerta a la legitimación de la violencia en las dinámicas de convivencia ciudadana e intrafamiliar, porque “cuando no existe ningún monopolio militar y policial y cuando, en consecuencia, la inseguridad es constante, la violencia individual, la agresividad es una necesidad vital (Lipovetsky, 1996, pág. 190).  

La impunidad como consecuencia de la debilidad institucional no es algo nuevo en nuestro país, de ello dan cuenta gran número de publicaciones, como por ejemplo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien en el informe correspondiente a 2015 para Colombia, evidenció que respecto a la lucha contra la impunidad de graves violaciones a los Derechos Humanos, “las instituciones del Estado, particularmente de la rama judicial, continúan enfrentando serias dificultades para superar sus deficiencias y demostrar resultados(ACNUDH, 2016, pág. 12)
La percepción de impunidad se mantiene para 2016, por lo que la Oficina del Alto Comisionado (ACNUDH) reiteró su “preocupación sobre el alto nivel de impunidad en los casos de agresión contra los defensores de Derechos Humanos (ACNUDH, 2017, pág. 11); dos años despues,  en el informe correspondiente a 2018 “el ACNUDH observa que la falta de acceso a la justicia, particularmente en zonas rurales, propicia la impunidad y facilita la continuación de ciclos de violencia(ACNUDH, 2019, pág. 9) 
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el informe correspondiente al año 2018 destaco que “el alto número de casos asignados a cada fiscal y la escasa policía judicial a su disposición dificultan el desarrollo de investigaciones eficaces y expeditas, incrementando la probabilidad de que haya impunidad. En el Cauca, por ejemplo, la carga de casos por fiscal ascendería en promedio a 600” (ACNUDH, 2019, pág. 20). Así las cosas, frente a la debilidad Estatal para garantizar la correcta aplicación de justicia, no es de extrañar que como plantea la Oficina de la ONU, se perpetúen los ciclos de violencia en nuestro país.
Las cifras de violencia interpersonal muestran un incremento en este tipo de violencia, así, para  2017 se presentaron 115.547 casos, mientras que para 2018 se presentaron 116.115 casos  (ICMLCF 2017, 2017, pág. 38) En estos casos, las principales actividades durante los  hechos fueron las actividades de desplazamiento de un lugar a otro, actividades relacionadas con el estudio y el aprendizaje, actividades vitales o relacionadas con el cuidado personal, actividades relacionadas con la asistencia a eventos culturales, de entretenimiento y/o deportivos, actividades de trabajo doméstico no pagado para el uso del propio hogar, y  las actividades ilícitas o delictivas (ICMLCF 2017, 2017, pág. 132), lo que paradójicamente nos muestra que en términos estadísticos es más peligroso desplazarse de un lugar a otro, que estar en desarrollo de actividades ilícitas o delictivas.
Respecto a legitimación de la violencia por patrones socioculturales en las dinámicas de relacionamiento cotidiano, es pertinente tener en cuenta la conceptualización que hace la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, “Convención de Belem Do Para” en su artículo 8, literal b, en el que establece que “los Estados Parte convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para:

“b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer (CONVENCIÓN DE BELEM DO PARA, 1994)

La política pública de construcción de ciudadanía que ha propuesto la Fundación Bogotá Mía puede contribuir al logro de los acuerdos establecidos en la Convención precitada, porque será necesario utilizar herramientas de carácter pedagógico para desarraigar las ideas que justifican la aplicación de violencia en detrimento del respeto por los Derechos Humanos en las dinámicas de convivencia ciudadana e intrafamiliar, en el entendido que “los estudios sobre la violencia enfoca dos problemas: la utilización de la violencia y su legitimación (Galtung , 2017, pág. 149) Además, aunque sería algo deseable, con esa modificación de patrones, no se trata de lograr que cada individuo al ver a la persona con la que interactúa tenga la capacidad de ser un lector inteligente de la historia de esa persona, y comprender las emociones y los deseos y los anhelos que ese alguien podría tener (Nussbaum M. , 2015), basta con que las personas actúen de manera corresponsable, y respeten los derechos de los demás. 

Pensar que en el contexto del post acuerdo se van a reducir como por arte de magia todas las expresiones de violencia es algo equivocado. No es dable esperar que solo con la firma e implementación del Acuerdo de Paz, cesen las múltiples formas de violencia en nuestro país, porque como plantea Gilles Lipovetsky, “ese desarme de masa no significa, para los villanos, la renuncia a la violencia, al honor y a la venganza. En efecto, en el seno del Estado se ha mantenido un modo de socialización holista que, juntamente con la existencia de los valores militares y las guerras permanentes, da cuenta de la violencia de las costumbres (Lipovetsky, 1996, págs. 185-186).

El riesgo de materialización de este tipo de violencia se ha visto reducido como consecuencia del aislamiento decretado por el gobierno nacional, ademas de las medidas implementadas por alcaldes y gobernadores, pero seguirá siendo un reto para toda la sociedad colombiana, una vez recuperemos de manera gradual las dinámicas y escenarios de relacionamiento en nuestra sociedad.

Para concluir, les presentamos este texto en el que se explica la gravedad que pueden tener cada uno de los casos que se reportan como cifras de violencia interpersonal:

“Según reporte de la Organización Mundial de la Salud - OMS por cada joven asesinado, muchos otros sufren lesiones que requieren tratamiento hospitalario, para un mismo país y año, por cada menor muerto en homicidio ocho sufrían lesiones por violencia interpersonal; cuando estas agresiones no son mortales la violencia juvenil puede dejar repercusiones graves, que a menudo perduran toda la vida, como por ejemplo en el funcionamiento físico (pérdida anatómica y funcional de miembros u órganos), psicológico y social (abortos y nacimientos prematuros); adicionalmente, la violencia juvenil encarece enormemente los costos de los servicios sanitarios, sociales y judiciales; reduce la productividad y devalúa los bienes”. (ICMLCF, 2018, pág. 105)


Autor:

Germán Fandiño Sierra.
Politólogo Internacionalista.
Magister en Derechos Humanos y Democratización
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