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viernes, 7 de febrero de 2014

Ciclo de Participación Política y Social

“Si todo te da igual; estás haciendo mal las cuentas”.
Albert Einstein

La participación política y social es un elemento inherente a la democracia y es a su vez un derecho y un deber de todos los ciudadanos. Dadas las características de nuestra forma de gobierno, necesitamos una ciudadanía comprometida con el devenir de la sociedad en sus diferentes aspectos temáticos a nivel local, distrital, municipal, departamental y nacional. Necesitamos avanzar en la construcción de una ciudadanía como la propuesta, entre otros[1],  por Adela Cortina, es decir una “ciudadanía activa que tenga derechos pero que también sea capaz de asumir sus responsabilidades”, y que no reduzca  el desafío de la construcción de ciudadanía únicamente al acceso y protección de los derechos, ya que desde esta perspectiva de ciudadanía activa es posible comprender que “no sólo el Estado debe intervenir en el proceso de construcción de la ciudadanía sino también la sociedad, y por otra parte, el status de ciudadano no se agota con el acceso a los derechos”[2].

La participación política y social es un derecho consagrado en el artículo 40 de nuestra constitución, las instituciones y nuestros conciudadanos nos deben brindar (y nosotros a ellos) los espacios para participar de los asuntos de interés colectivo respetando la pluralidad, promoviendo la tolerancia, el respeto y la protección de nuestros derechos y libertades políticas, civiles, sociales y económicas, en el entendido de que son condiciones necesarias para el desarrollo individual y colectivo, además que nosotros también debemos crear estas condiciones para los demás. Asimismo, es un derecho porque al participar de lo público se puede hacer seguimiento o control social a la gestión pública para garantizar que sus resultados sean los esperados y tengan una incidencia real en la mejora de nuestras condiciones de vida. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la condición de Ciudadanía “no sólo se expresa en el pleno ejercicio de los derechos, sino que se amplía a prácticas de participación en la gestión y administración que nos conectan con una idea más activa de la ciudadanía social (Rabotnikof, 1993: 88)”[3], razón por la cual debemos entendernos como agentes sociales mucho más complejos, cuya capacidad de participación no se agota en la exigencia del cumplimiento de sus derechos.  

La otra cara de la moneda nos muestra que la participación política y social es un deber porque las dinámicas políticas y sociales que construyen nuestra realidad y determinan nuestro destino colectivo están determinadas por la suma de millones de actos individuales. Nuestras acciones y omisiones, al igual que nuestras decisiones le dan forma a la sociedad que vivimos y en la cual van a vivir nuestros hijos, de allí la importancia de actuar con responsabilidad, dejar de lado la indiferencia y no caer en la cómoda trampa del individualismo, que nos aleja de la construcción de sentido de pertenencia y del fortalecimiento de la solidaridad, que tanta falta hacen en los entornos urbanos, por esta razón “se le exige a la ciudadanía actual la articulación del proceso de gobernabilidad y del proceso de representación a partir del control ciudadano de la gestión gubernamental y de la participación”[4].

Todos tenemos la responsabilidad de construir capital social como elemento fundamental de la mejora sostenible de nuestra calidad de vida y del desarrollo cultural,  político, económico y social, entendiendo que “el capital social puede ser definido, simplemente como un conjunto de valores o normas informales compartidas entre los miembros de un grupo, que permiten la cooperación entre los mismos. Si los miembros de ese grupo aceptan que los demás integrantes del mismo se comportaran en forma correcta y honesta, terminaran por confiar los unos en los otros”[5].

También, debemos ejercer control social para hacer que los recursos públicos (humanos y económicos) estén orientados a la consecución de los objetivos propuestos de manera clara y eficiente, por lo cual es necesario evaluar el proceder de las instituciones y todos los funcionarios públicos, sean estos elegidos por voto popular o no. Es muy importante que el control sobre lo público y nuestra participación política y social se hagan con responsabilidad,  legalidad, objetividad, ética, conocimiento de causa, respeto por los funcionarios y por los demás conciudadanos, además de un claro y fehaciente interés por el bien público y un profundo sentido de pertenencia, entre otras cosas.

Apoyar o manifestar nuestro acuerdo o desacuerdo frente a decisiones tomadas por parte de los funcionarios públicos, denunciar los actos que nos afectan, reivindicar nuestros derechos, cumplir nuestros deberes y respaldar a quienes representan nuestros intereses en el marco de la legalidad, son acciones que permiten avanzar en la construcción de una democracia en la cual exista una retroalimentación adecuada entre las instituciones y la ciudadanía, por esta razón es necesario que las instituciones estén en condición de facilitarle a la ciudadanía información, espacios de consulta, la posibilidad de proponer iniciativas, de deliberar, de decidir y ejercer control sobre la gestión pública. Pero por sobre todo, las instituciones públicas deben cumplir con la palabra dada dentro de los tiempos propuestos, ya que solo así se pueden construir relaciones de respeto y confianza por las instituciones y se garantizaran el respaldo y la credibilidad en los compromisos a los que se llegue en desarrollo de las instancias de participación.

Existen espacios de participación formal e informal, dependiendo de si están reglamentados en normas concretas o no, pero en ambos casos podemos encontrar la naturaleza democratizadora, deliberante y participativa de nuestra sociedad. Ejemplo de un espacio formal es la revocatoria de mandato, mientras que un espacio de participación informal son las redes sociales y el manejo que desde allí se da de los debates de carácter político en nuestra nación, el control social y la denuncia que se hace cuando piezas de comunicación son creadas y compartidas por la ciudadanía, dejando de lado el protagonismo de los medios de comunicación en materia de información y análisis de los temas de actualidad, en este momento de la historia, los ciudadanos tenemos un rol cada vez más importante en materia de comunicación y difusión de la información de nuestro interés con todos nuestros familiares y amigos. 

Iniciamos esta publicación con una frase de Albert Einstein en la que se llama la atención sobre el error de la indiferencia y la apatía: “Si todo te da igual; estás haciendo mal las cuentas”. Es necesario que avancemos en la construcción de una ciudadanía que asuma con compromiso y solidaridad su condición de Ciudadanía Activa ya que “en esta visión cobra centralidad el desarrollo de espacios públicos, diferentes del Estado, como expresión de autonomía y vitalidad de la sociedad civil. Por ello, la ciudadanía activa exige ser sujeto de derechos y ser sujeto de la construcción pública común, es decir constituirse en actores en la creación de espacios, intereses y discursos públicos con sentido de identidad y pertenencia a una determinada comunidad política. Esa comunidad política debe establecerse sobre relaciones de interdependencia, responsabilidad, solidaridad y lealtad entre sus miembros”[6].






[1] “En esta línea de pensamiento se ubica Hannah Arendt, quien considera a la ciudadanía como el espacio de construcción de lo público (Arendt, 1993: 75). En este espacio público cobra centralidad la noción de la política basada en la idea de ciudadanía republicana, esto es, en el valor e importancia del compromiso cívico y de la deliberación colectiva en todos los temas que afectan a la comunidad política. Esta dimensión activa de la ciudadanía pone el acento en las responsabilidades que los sujetos tienen con la comunidad política a la que pertenecen y exige no sólo un discurso sino también un accionar comprometido con el interés general y el bien común. Frente a esta postura podemos advertir que las concepciones pasivas reducen el problema de la ciudadanía al simple acceso a los derechos”. En: Levín Silvia, “Los desafíos de la ciudadanía en las sociedades contemporáneas”, En: Revista SAAP, Vol. 2, Nº 1, Pág. 47.
[2] Ibíd. Pág. 46.
[3] Ibíd. Pág.47.
[4] Ibíd. Pág. 51.
[5] Lara Nelson, “Capital social, participación política y abstención electoral. Perfil de la abstención desde la óptica del capital social”, Ediciones Edgartorre Libros, Madrid, 2005, Pág. 81.
[6] Op.cit. Levín Silvia, “Los desafíos de la ciudadanía en las sociedades contemporáneas”, En: Revista SAAP, Vol. 2, Nº 1, Pág. 48. 

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