Fundación Bogotá Mía

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domingo, 19 de abril de 2020

Violencia Intrafamiliar contra Población Adulta Mayor

“El anciano no es un extraterrestre. El anciano somos nosotros: dentro de poco, dentro de mucho, inevitablemente, aunque no pensemos en ello. Y, si no aprendemos a tratar bien a los ancianos, así nos trataran a nosotros”
Papa Francisco.
(Catequesis audiencia general,
Ciudad del Vaticano, 04/03/2015)

La violencia contra la población adulta mayor muestra un aumento gradual desde el año 2005, cuando se registraron 1053 casos, incrementando hasta llegar en el año 2015 a 1.651 casos (ICMLCF, 2016, pág. 222), y 1.653 casos en 2016 (ICMLCF, 2017, pág. 241).  De 2007 a 2017 se valoraron  en este grupo poblacional  15.381 casos pero “para el año 2017, se obtiene el registro más alto en número de casos (1.944); comparando el resultado con el 2016 se calcula un incremento del 17,60%, correspondiente a 291 casos (ICMLCF, 2017, pág. 201)  Pero esta cifra no para de crecer, porque de los 28.645 casos de violencia intrafamiliar reportados para 2018, en la subcategoria correspondiente a la población adulta mayor se presentaron  2.261 casos (7,8 %), lo que implica un incremento en 317 casos reportados  (ICMLCF, 2018, pág. 139) Pero miremos las cifras año por año.

Resulta preocupante ver que para el año 2015 “en Colombia, se registraron 1.651 casos de violencia contra la población adulta mayor, 237 casos más que en 2014(ICMLCF, 2016, pág. 222), ya que este incremento gradual evidencia que este grupo poblacional por su manifiesta condición de vulnerabilidad, requiere cada vez mas de protección especial mediante un trabajo que aborde el escenario de convivencia intrafamiliar, entre otras razones, porque  para 2015 el 81.36% de estos casos se presentaron en la vivienda (ICMLCF, 2016, pág. 225)

La falta de respeto y protección hacia personas que muchas veces se encuentran en condición de dependencia de sus familiares y en lugar de recibir apoyo y buen trato, son víctimas del que debería ser su principal entorno de protección, hace que para 2016 este tipo de maltrato muestre un leve incremento con respecto a 2015, año en el que el 81.99% de los casos registrados también se presentó en la vivienda (ICMLCF, 2016, pág. 248)  El fortalecimiento de la oferta institucional para atender la violencia intrafamiliar, junto con el llamado a asumir una actitud corresponsable en el cuidado de la población adulta mayor al interior de las familias, no son excluyentes, en realidad son dos opciones complementarias, porque en los casos de violencia intrafamiliar tanto el Estado como la ciudadanía deben propender por la garantía, protección y restablecimiento de derechos. 

Para 2015, los principales desencadenantes de la agresión contra la población adulta mayor fueron la intolerancia y el machismo en primer lugar, seguidos por la drogadicción y el alcoholismo (ICMLCF, 2016, pág. 227), cifras que no se pueden contrastar con las de 2016 porque no se presentan cuadros ni gráficas al respecto en el informe correspondiente a ese año.

La identificación de estos factores desencadenantes muestra la necesidad de abordar desde diferentes frentes la protección de los Derechos Humanos, ya que evidentemente, de la decisión individual de consumir drogas o sustancias alcohólicas, o de la decisión individual de asumir como ciertos algunos preceptos que legitiman el machismo y la intolerancia, se desprenden consecuencias que trascienden la esfera individual e imponen sus costos a terceros, en este caso, personas pertenecientes a la población adulta mayor ven afectada su integridad y violados sus derechos como resultado o consecuencia de la conducta de personas con las que conviven.

Estos presuntos agresores en el hogar, no pueden ser otros que sus familiares. Para 2017 los principales agresores contra la población adulta mayor fueron: hijo(a), hermano(a), nieto(a), otros familiares civiles o consanguíneos, y  sobrino(a) (ICMLCF, 2017, pág. 204). Para 2018, la identificación de los principales presuntos agresores no cambia: hijo (a) hermano (a) nieto (a) otros familiares civiles o consanguíneos y sobrino (a) (ICMLCF, 2018, pág. 160)

Más lamentable aun, resulta saber que estas agresiones se dan en desarrollo de actividades vitales o relacionadas con el cuidado personal , actividades de trabajo doméstico no pagado para el uso del propio hogar,  actividades de desplazamiento de un lugar a otro y actividades relacionadas con enfrentamientos armados (ICMLCF, 2017, pág. 204) Ver que en las viviendas, los familiares han hecho del hogar el principal escenario de violencia contra los adultos mayores, incluso por encima de las dinámicas de conflicto armado debería sacudirnos, para hacer un alto frente a esta situación, pero lamentablemente, esto es algo que solo ha logrado el COVID-19, pero no los 1.632 casos registrados en las viviendas durante 2017, lo que representa el 84,17% de estos casos (ICMLCF, 2017, pág. 206), ni los 1.860 casos, que representan el  82,41%  del total de casos de violencia contra el adulto mayor durante 2018 (ICMLCF, 2018, pág. 161)

Otra medición por decenio, para el periodo 2009-2018, nos muestra que “en el país se detectaron 16.467 casos de violencia contra la población adulta mayor; en promedio 1.647 casos por año, es decir, aproximadamente 137 casos por mes o aproximadamente 4,5 casos por día, lo cual se puede traducir en que aproximadamente, ocurrió un acto de maltrato cada 5 horas aproximadamente contra dicha población que fue denunciado ante una autoridad competente y tuvo valoración forense. (ICMLCF, 2018, pág. 157)

Resulta paradójico ver que en los casos de violencia contra los niños, niñas y adolescentes los padres son el principal presunto agresor, pero en este caso, en la violencia contra el adulto mayor “se produce el efecto contrario en comparación con la violencia contra niños, niñas y adolescentes; en esta ocasión los hijos se convierten en los principales victimarios de los padres y madres de avanzada edad, alcanzando el 42,13% del total de los casos” (ICMLCF , 2017, pág. 204). Sin embargo, para quienes crean que este es un asunto de carácter privado, pues ocurre al interior de las familias, es importante recordar que “al día de hoy se tiene por aceptado el concepto de que el contexto del maltrato en la población adulta mayor también es social, y no se limita al ámbito privado. Dada la relevancia global de la problemática de la violencia, el impacto que se genera en poblaciones vulnerables, se amplifica en población adulta mayor”. (ICMLCF, 2018, pág. 189)

Para concluir, es necesario que tengamos en cuenta que de conformidad con la información suministrada por el ICMLCF, en la casuística del año 2018 “se confirma la tendencia observada en distintos estudios en donde la persona victimaria fue una mujer (ICMLCF, 2018, pág. 189)

Autor:

Germán Fandiño Sierra.
Politólogo Internacionalista.
Magister en Derechos Humanos y Democratización

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german@fundacionbogotamia.org

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viernes, 17 de abril de 2020

Violencia Interpersonal


“la rutinización de la violencia y del asesinato durante las guerras conduce a un estado en el que la gente deja de responder a los horrores de la guerra”
(Bauman & Donskis, 2015, pág. 54)

Contrario a lo que ocurre en la mayoría de las categorías de violencia, donde son las mujeres las más victimizadas por la violencia sexual, de pareja, e intrafamiliar, al igual que en la desaparición forzada entre los niños, niñas y adolescentes, donde la mayoría de las víctimas son personas de sexo femenino, son “los hombres las principales víctimas de homicidios (91,2% de todos los casos) y violencia interpersonal (65,5%) (ICMLCF 2017, 2017, pág. 9)
Para que podamos dimensionar el impacto de este tipo de violencia a continuación, se presentan algunas cifras con observaciones sobre los casos reportados para los años 2015 – 2016, en materia de violencia interpersonal, la cual es definida “como todo daño a la salud causado de manera intencional por un tercero, sin vínculos afectivos o familiares con la víctima y que no ocasiona la muerte de ésta (ICMLCF, 2016, pág. 135), por lo que en esta categoría no se recoge información sobre los casos en los cuales existe una relación de familiaridad entre las víctimas y los victimarios. Es importante tener en cuenta esta categoría, entre otras cosas, porque estos casos se pueden presentar en los ciclos de violencia previos a casos con consecuencias fatales. 
Con 63.042 casos para el año 2015, en la mayoría de los casos de violencia interpersonal el presunto agresor es un “conocido”. Llama la atención ver que, para 2015 la categoría de “amigo”, con 6.193 casos supera los 3.589 casos en que el presunto agresor corresponde a la categoría “delincuencia común”, lo que muestra que existe un mayor riesgo de ser afectado por un “amigo” que por un delincuente común (ICMLCF, 2016, pág. 139).

Para el año 2016, se mantiene en el primer lugar de la tabla de violencia interpersonal según presunto agresor la categoría de “conocido”, con 62.922 casos, lo que representa un porcentaje de 56.91% (ICMLCF, 2017, pág. 161), este resultado muestra una reducción en relación con el año 2015, cuando la cifra de 63.042 casos representaba un porcentaje de 57.58%.  La información correspondiente a la violencia interpersonal para el año 2017, muestra el siguiente resultado en relación a los principales presuntos agresores: conocido,  miembros de las fuerzas armadas, de policía, policía judicial y servicios de inteligencia,  agresor desconocido, amigo(a),  delincuencia común (ICMLCF 2017, 2017, pág. 131), así las cosas, se recibe más agresión a nivel de violencia interpersonal de los amigos, que de los delincuentes, eso realmente es preocupante.

Otras cifras que vale la pena tener en cuenta son las siguientes: durante 2017 se presentaron 115.547 casos de violencia interpersonal (ICMLCF 2017, 2017, pág. 52), siendo Bogotá, D.C. (26.504), Antioquia (12.427), Cundinamarca (8.860), Valle del Cauca (8.647) y Santander (6.823), los lugares con mayor número de casos de violencia interpersonal  (ICMLCF 2017, 2017, pág. 125)

La diferencia en la magnitud del impacto de la violencia interpersonal en relación con la violencia sociopolítica para el año 2015 fue bastante considerable, toda vez que la violencia interpersonal representaba un porcentaje de 86.06 hombres – 92.41 mujeres, comparado con un porcentaje de 3.97 hombres – 1.89 mujeres en casos de violencia sociopolítica (ICMLCF, 2016, pág. 140). En términos generales esta diferencia se mantiene, aunque existe una leve reducción para 2016, año en que la violencia interpersonal representaba un porcentaje de 85.26 hombres – 91.48 mujeres, comparado con un porcentaje de 4.48 hombres – 2.22 mujeres en casos de violencia sociopolítica (ICMLCF, 2017, pág. 163), variable que se consolida a partir del analisis de la“circunstancia del hechoy ocupación de la víctima, a las acciones guerrilleras, militares, bandas criminales, enfrentamiento armado y terrorismo. Este tipo de violencia refleja la situación de conflicto que se registra en el país (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2011)

Con relación a la vivienda, a pesar de ser un espacio de carácter privado por excelencia, no necesariamente es el escenario más seguro frente a las dinámicas de violencia interpersonal, toda vez que en el informe correspondiente al año 2015 se afirma que “la violencia interpersonal es un fenómeno que de las calles y vías públicas está migrando a la vivienda, bien sea de la víctima o del victimario, incrementándose de 15,09% en 2014 a 16,63% en 2015 (ICMLCF, 2016, pág. 141)

En cuanto al componente etario, la adultez con 54.733 casos  y la juventud, con 48.755 casos, son los ciclos vitales en los cuales se registran más hechos de violencia interpersonal para el año 2015, superando de lejos los 608 casos reportados en la primera infancia, los 1.357 casos reportados en la infancia, los 16.268 reportados en la adolescencia, y los 5.041 reportados en la vejez (ICMLCF, 2016, pág. 167), esta situación se repite en el año 2016, cuando los rangos de edad en los que se presenta un mayor número de casos de violencia interpersonal son de los 20 a los 34 años (ICMLCF, 2017, pág. 158); por lo cual, respecto a las víctimas de violencia interpersonal, de acuerdo con el informe “ha   sido un comportamiento constante en los últimos años que los jóvenes en el grupo de edad entre los 20 y 24 sean los más afectados (ICMLCF, 2016, pág. 136)

Durante el año 2015 “el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó 126.803 exámenes médico legales por violencia interpersonal (ICMLCF, 2016, pág. 136), cifra en la que se puede presentar un subregistro considerable porque no en todos los casos de violencia interpersonal se acude a la realización de valoraciones medico legales, pero que sin embargo demuestra la gravedad de esta problemática, la cual se hace más preocupante si se tiene en cuenta que en el informe de 2015 se plantea que este tipo de violencia “es concomitante con la realización de actividades de socialización tales como desplazamientos, trabajo, asistir a eventos culturales, etc.” (ICMLCF, 2016, pág. 138), lo que implica que estas manifestaciones de violencia se presentan principalmente en desarrollo de actividades cotidianas en el espacio público.   

La violencia en nuestro país es considerada legítima por parte de los grupos armados tanto legales como ilegales, por la impunidad, por la debilidad estatal para brindar mejores condiciones de seguridad y por algunos patrones socioculturales. Actualmente, algunos de los actores armados más violentos de la historia de nuestro país, como los Cárteles de la Droga, las Autodefensas o Grupos Paramilitares y las FARC-EP han disminuido su actuar delictivo como consecuencia de su desarticulación unos, y otros como resultado de acuerdos de paz, aunque aún existen algunos grupos residuales y disidentes; sin embargo, esto no implica necesariamente el debilitamiento de la legitimación de la violencia en varios sectores de nuestra sociedad. 

Los grupos armados ilegales que aún se encuentran activos en el marco del conflicto armado interno, asumen un discurso dirigido a difundir, enseñar y mantener ciertas creencias, con el propósito de fortalecer la permanencia de los miembros al grupo, definir la identidad y la posición del grupo en la sociedad, así como fomentar la incorporación de nuevos integrantes (Barreto, Borja, Serrano, & López-López, 2009, pág. 739). A pesar de los avances logrados con el Acuerdo de Paz, este tipo de legitimación se mantiene en el contexto colombiano, en el que el ejercicio de la autoridad para garantizar adecuadas condiciones de bienestar, seguridad y justicia a nivel territorial es débil, lo cual le abre la puerta a la legitimación de la violencia en las dinámicas de convivencia ciudadana e intrafamiliar, porque “cuando no existe ningún monopolio militar y policial y cuando, en consecuencia, la inseguridad es constante, la violencia individual, la agresividad es una necesidad vital (Lipovetsky, 1996, pág. 190).  

La impunidad como consecuencia de la debilidad institucional no es algo nuevo en nuestro país, de ello dan cuenta gran número de publicaciones, como por ejemplo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien en el informe correspondiente a 2015 para Colombia, evidenció que respecto a la lucha contra la impunidad de graves violaciones a los Derechos Humanos, “las instituciones del Estado, particularmente de la rama judicial, continúan enfrentando serias dificultades para superar sus deficiencias y demostrar resultados(ACNUDH, 2016, pág. 12)
La percepción de impunidad se mantiene para 2016, por lo que la Oficina del Alto Comisionado (ACNUDH) reiteró su “preocupación sobre el alto nivel de impunidad en los casos de agresión contra los defensores de Derechos Humanos (ACNUDH, 2017, pág. 11); dos años despues,  en el informe correspondiente a 2018 “el ACNUDH observa que la falta de acceso a la justicia, particularmente en zonas rurales, propicia la impunidad y facilita la continuación de ciclos de violencia(ACNUDH, 2019, pág. 9) 
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el informe correspondiente al año 2018 destaco que “el alto número de casos asignados a cada fiscal y la escasa policía judicial a su disposición dificultan el desarrollo de investigaciones eficaces y expeditas, incrementando la probabilidad de que haya impunidad. En el Cauca, por ejemplo, la carga de casos por fiscal ascendería en promedio a 600” (ACNUDH, 2019, pág. 20). Así las cosas, frente a la debilidad Estatal para garantizar la correcta aplicación de justicia, no es de extrañar que como plantea la Oficina de la ONU, se perpetúen los ciclos de violencia en nuestro país.
Las cifras de violencia interpersonal muestran un incremento en este tipo de violencia, así, para  2017 se presentaron 115.547 casos, mientras que para 2018 se presentaron 116.115 casos  (ICMLCF 2017, 2017, pág. 38) En estos casos, las principales actividades durante los  hechos fueron las actividades de desplazamiento de un lugar a otro, actividades relacionadas con el estudio y el aprendizaje, actividades vitales o relacionadas con el cuidado personal, actividades relacionadas con la asistencia a eventos culturales, de entretenimiento y/o deportivos, actividades de trabajo doméstico no pagado para el uso del propio hogar, y  las actividades ilícitas o delictivas (ICMLCF 2017, 2017, pág. 132), lo que paradójicamente nos muestra que en términos estadísticos es más peligroso desplazarse de un lugar a otro, que estar en desarrollo de actividades ilícitas o delictivas.
Respecto a legitimación de la violencia por patrones socioculturales en las dinámicas de relacionamiento cotidiano, es pertinente tener en cuenta la conceptualización que hace la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, “Convención de Belem Do Para” en su artículo 8, literal b, en el que establece que “los Estados Parte convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para:

“b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer (CONVENCIÓN DE BELEM DO PARA, 1994)

La política pública de construcción de ciudadanía que ha propuesto la Fundación Bogotá Mía puede contribuir al logro de los acuerdos establecidos en la Convención precitada, porque será necesario utilizar herramientas de carácter pedagógico para desarraigar las ideas que justifican la aplicación de violencia en detrimento del respeto por los Derechos Humanos en las dinámicas de convivencia ciudadana e intrafamiliar, en el entendido que “los estudios sobre la violencia enfoca dos problemas: la utilización de la violencia y su legitimación (Galtung , 2017, pág. 149) Además, aunque sería algo deseable, con esa modificación de patrones, no se trata de lograr que cada individuo al ver a la persona con la que interactúa tenga la capacidad de ser un lector inteligente de la historia de esa persona, y comprender las emociones y los deseos y los anhelos que ese alguien podría tener (Nussbaum M. , 2015), basta con que las personas actúen de manera corresponsable, y respeten los derechos de los demás. 

Pensar que en el contexto del post acuerdo se van a reducir como por arte de magia todas las expresiones de violencia es algo equivocado. No es dable esperar que solo con la firma e implementación del Acuerdo de Paz, cesen las múltiples formas de violencia en nuestro país, porque como plantea Gilles Lipovetsky, “ese desarme de masa no significa, para los villanos, la renuncia a la violencia, al honor y a la venganza. En efecto, en el seno del Estado se ha mantenido un modo de socialización holista que, juntamente con la existencia de los valores militares y las guerras permanentes, da cuenta de la violencia de las costumbres (Lipovetsky, 1996, págs. 185-186).

El riesgo de materialización de este tipo de violencia se ha visto reducido como consecuencia del aislamiento decretado por el gobierno nacional, ademas de las medidas implementadas por alcaldes y gobernadores, pero seguirá siendo un reto para toda la sociedad colombiana, una vez recuperemos de manera gradual las dinámicas y escenarios de relacionamiento en nuestra sociedad.

Para concluir, les presentamos este texto en el que se explica la gravedad que pueden tener cada uno de los casos que se reportan como cifras de violencia interpersonal:

“Según reporte de la Organización Mundial de la Salud - OMS por cada joven asesinado, muchos otros sufren lesiones que requieren tratamiento hospitalario, para un mismo país y año, por cada menor muerto en homicidio ocho sufrían lesiones por violencia interpersonal; cuando estas agresiones no son mortales la violencia juvenil puede dejar repercusiones graves, que a menudo perduran toda la vida, como por ejemplo en el funcionamiento físico (pérdida anatómica y funcional de miembros u órganos), psicológico y social (abortos y nacimientos prematuros); adicionalmente, la violencia juvenil encarece enormemente los costos de los servicios sanitarios, sociales y judiciales; reduce la productividad y devalúa los bienes”. (ICMLCF, 2018, pág. 105)


Autor:

Germán Fandiño Sierra.
Politólogo Internacionalista.
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Homicidios en Colombia: Una pandemia de la que no hemos podido escapar


La tasa de impunidad en los casos de homicidios dolosos ha sido históricamente muy alta. Según la información obtenida por el ACNUDH, oscila entre el 86,58 % y el 94,30 % en los casos conocidos por las autoridades
 (ACNUDH, 2019, pág. 19)

Parece que haber vivido durante más de 50 años un conflicto armado con múltiples manifestaciones de violencia, algunas de las cuales se mantienen en la actualidad, ha logrado que perdamos nuestra sensibilidad,  y capacidad de asombro frente a las múltiples muertes por causa violenta que se presentan diariamente en nuestra sociedad.
La formación en valores, como baluartes indispensables para el desarrollo de las personas, puede contribuir en la prevención del daño, y la violación del derecho a la vida en las dinámicas de convivencia ciudadana e intrafamiliar. No es pertinente asumir las cifras sobre los homicidios, de manera indiferente como el simple resultado de la sumatoria de múltiples casos muy particulares y diferenciados entre sí, o como casos aislados de infracciones al Código Penal. 
El impacto del manejo de las emociones y sus consecuencias es muy importante para evitar situaciones de violencia, al respecto, se ha dicho que “enturbian la armonía de los sentimientos el dolor excesivamente vociferante, la ira que se convierte en violencia y da rienda suelta a la furia (Camps, 2011, pág. 104), no es casualidad que dentro de los presuntos responsables de la violación al derecho a la vida se encuentren frecuentemente, conocidos, familiares y amigos de la víctima (ICMLCF, 2016, pág. 83). Para reducir las cifras de homicidio, puede ser útil el trabajo orientado a la formación de las personas para la protección de los Derechos Humanos mediante un adecuado manejo de las emociones, porque “al ser la espuela que mueve a actuar, tienen consecuencias para el conjunto de la sociedad (Camps, 2011, pág. 273); es necesario desarrollar en la sociedad la capacidad de afrontar la adversidad con resiliencia, para evitar que las personas se hagan daño, o tomen la decisión de hacerle daño a terceros, e incluso a personas con las cuales se sostienen relaciones de familiaridad o de amistad.    
Aunque las cifras oficiales de los homicidios ocurridos durante 2015, 2016, 2017, y 2018, no han logrado conmover tanto como el COVID-19 a la sociedad colombiana, a continuación se presentan varias cifras, con algunos comentarios sobre esta problemática que nos desangra diariamente. 

Para 2015 “las muertes por violencia interpersonal, en especial las riñas y ajuste de cuentas, explican el 46,96% del total de casos con información, en tanto que la violencia sociopolítica cobró el 9,94% del total (ICMLCF, 2016, pág. 75), esto evidencia que la violencia causada por las dinámicas del conflicto armado interno en el marco de la violencia sociopolítica, a pesar de su notoriedad, es considerablemente inferior al número de casos que se presentan en desarrollo de los actos de violencia en los escenarios de convivencia ciudadana, y que además para 2015, “la violencia sociopolítica asociada al conflicto armado afecta casi por igual a hombres y a mujeres (ICMLCF, 2016, pág. 83)

En el informe de 2015 se destaca que “el homicidio es un fenómeno de concentración urbana; en las principales ciudades del país y cabeceras municipales se concentra el 77,23% de los casos; en la zona rural ocurre el 19,35% y en pequeños centros poblados el 3,43% (ICMLCF, 2016, pág. 75), así, el mayor número de homicidios no se presentan en el marco de operaciones armadas por parte de los miembros de la fuerza pública  y los integrantes de los grupos armados al margen de la ley en el contexto del conflicto armado en las áreas rurales de nuestro país.  

Con esto no se pretende minimizar o desconocer  las consecuencias de estas  acciones para la vida de las personas que habitan las áreas rurales que en desarrollo del conflicto se convierten en escenario de las operaciones militares, produciendo hechos victimizantes tan  lamentables como el desplazamiento forzado, ni se busca negar la existencia de actos de violencia en el contexto del conflicto armado que sean perpetrados por parte de las milicias urbanas o demás actores del conflicto armado interno en las ciudades.

La mayoría de los homicidios que se presentaron durante 2015 corresponden a las categorías de violencia interpersonal e intrafamiliar; las principales víctimas de homicidio por violencia interpersonal son los hombres, mientras que en el caso de la violencia intrafamiliar las mujeres son las principales víctimas (Instituto Colombiano de Medicina Legal, 2016, pág. 83).

Para el año 2016 una de las principales circunstancias en que se presentaron los homicidios continúo siendo la violencia interpersonal e intrafamiliar, pero se registra un incremento considerable con relación al año anterior, al pasar de un porcentaje de 49,44 hombres – 24,71 mujeres en casos de violencia interpersonal y un porcentaje de 3.91 hombres – 41.67 mujeres en casos de violencia intrafamiliar durante 2015 (ICMLCF, 2016, pág. 83), a un porcentaje de 67.85 hombres – 40,37 mujeres en casos de violencia interpersonal y un porcentaje de 2.03 hombres – 29,91 mujeres en casos de violencia intrafamiliar durante 2016 (ICMLCF, 2017, pág. 114), lo que muestra una disminución en los casos de homicidio en circunstancias de violencia intrafamiliar, y un aumento considerable en los casos de violencia interpersonal. 

La necesidad de prestar mayor atención a las dinámicas de violencia interpersonal e intrafamiliar en que se producen los homicidios se ve fortalecida, no solo por el incremento estadístico presentado anteriormente, sino también por el considerable descenso del porcentaje de homicidios como consecuencia de la violencia sociopolítica entre 2015 y 2016, al pasar de un porcentaje de 9.99 hombres – 9.48 mujeres en 2015 a 3.65 hombres – 3.66 mujeres en 2016.  

Durante el 2015 se presentaron 1.285 homicidios que tuvieron lugar en desarrollo de actividades relacionadas con la asistencia a eventos culturales, de entretenimiento y/o deportivos, lo que representa el 34.41% de los homicidios según actividad (ICMLCF, 2016, pág. 84); aunque para 2016 esta cifra registra una leve reducción al pasar de 1.285 homicidios a 1.173 (ICMLCF, 2017), esta actividad continúa reportando el mayor número de casos de homicidios, evidenciando que los espacios en que se desarrollan las dinámicas de convivencia ciudadana son el escenario más riesgoso para el derecho a la vida.

Durante 2017 se presentaron 11.373 homicidios en el país (ICMLCF, 2017, pág. 23), lo que representa el 23,07 por 100.000 habitantes, lo que la hace la cifra más baja durante la última década, sin embargo, como bien se señala en el informe, “ello no quiere decir que no tengamos que seguir trabajan do en conocer las causas que generan este tipo de comportamientos” (ICMLCF, 2017, pág. 76), en los cuales los cinco principales factores de vulnerabilidad se dan en: persona adicta a una droga natural o sintética,  campesinos (as) y/o trabajadores (as) del campo,  persona habitante de la calle,  grupos étnicos y persona en condición de desplazamiento (ICMLCF, 2017, pág. 92)

Para 2018 se realizaron “25.807 necropsias por muerte violenta. De éstas el 47,0 % (12.130) correspondió a homicidios(ICMLCF, 2018, pág. 15), lo que representa un incremento de 757 casos en el número de homicidios en relación a 2017.

¿Por qué estas cifras de homicidios no nos paralizan como ocurre con el COVID-19?

¿Nos acostumbramos a que la intolerancia y la delincuencia nos arrebaten la vida?
¿Creemos que eso solo le pasa y le va a seguir pasando a los otros y por eso no hacemos nada?


Autor:

Germán Fandiño Sierra.
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